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La eterna lucha contra el miedo

BY Adrián Mesa/ Xavier Gomes / Universidad de La Laguna | 01-Nov-2019
La concepción histórica de que el periodismo es un promotor del bien común se ha ido desligando poco a poco, hasta calar en la población la idea de que la profesión se ha convertido en un negocio más debido al materialismo desenfrenado que impera en las grandes editoriales. En algunos casos por supervivencia y en otros por codicia, los medios de comunicación pasan a ser agentes al servicio de determinadas estructuras del poder. Esta situación puede afectar a los periodistas que, a la hora de publicar cierto tipo de informaciones, pueden verse coaccionados por los intereses de los entes económicos del medio, que manejan a su antojo la agenda informativa.
Address: Real Nº 64 A, Icod el Alto, Los Realejos, Spain
La eterna lucha contra el miedo
La prensa en Canarias ante la falta de conciencia

“Hace tiempo que ciertos titulares del Diario de Avisos van más allá del periodismo”, es la queja de la Asociación de Vecinos ‘Siete Cuarteles’ de Icod el Alto, situado en el municipio de Los Realejos. Hace referencia a una noticia del periódico titulada “Cualquier excusa es buena para que CC organice otra fiesta de la mortadela”. Desde el Facebook de la organización dejaban claro que, si se hubieran molestado en contrastar la información, habrían visto que estaban representados distintos colores políticos en el acto.

En el año 2015, Lucas Fernández, presidente del Grupo Plató del Atlántico, compró Canavisa, entidad editora de Diario de Avisos, a Elías Bacallado, su anterior propietario. Vicente Pérez, redactor de política que estuvo 18 años trabajando en el decano de la prensa, cuenta que hubo un cambio en la línea editorial del medio tras la operación de Fernández. Antes de dicha alteración, el periodista expresa que, a pesar de trabajar en un medio que tenía buenas relaciones con CC, pudo llevar a cabo investigaciones sobre corrupción relacionadas a los nacionalistas, como la del Caso Alcampo, Las Teresitas o el Valle de las Huertas, y hablar sobre el papel de políticos importantes, sobre todo Miguel Zerolo, en dichos asuntos. “En ocasiones poder sacar una simple columna, era un lujo”, comenta Pérez, quien asegura que a pesar de ello, “hubo periodismo”.

Las buenas relaciones con Coalición se trastocaron bajo la nueva propiedad. En un primer momento, bajo la dirección de José David Santos, la línea del medio se volvió más crítica hacia ellos, pero dentro de unos cauces normales dentro del periodismo. El cambio radical vino unos meses después, cuando Santos fue sustituido por Carmelo Rivero, Premio Canarias de la Comunicación 2004, quien buscaba un periodismo de mayor impacto en la audiencia, con unos titulares más llamativos y que muchas veces eran cambiados, sin el consentimiento del redactor, al pasarlos del papel a la web. “Al hacerlos más llamativos, a mi me daban ganas de que mi firma no apareciera en esas noticias”, alega Pérez.

La evolución en el enfoque afectó de sobremanera a la información política, sobre todo, la referida a la actual CC, representada por Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, Carlos Alonso, presidente del Cabildo y Alberto Díaz, alcalde de la La Laguna, a la que, según Vicente, se le puso en la mira de ataque. “Los lectores pueden ver que en la sección llamada ‘Alto Voltaje’ hay un alto grado de tensión contra los citados políticos”, agrega Pérez. Cuando la realidad no era tan mala para ellos, el redactor debía maquillarla para acrecentar el impacto negativo de la noticia, algo a lo que no estaba dispuesto. “No quiero que se entienda que no quería criticar a Coalición, si no, no hubiera estado 18 años trabajando en el periódico”, añade.

Continuos fueron los intentos por parte de la dirección y la propiedad de que la línea editorial fluyera por la firma personal de Vicente, es decir, le presionaban para que firmara noticias que no quería rubricar. Habla de entrevistas en las que no le daban margen para hacer sus preguntas y de informaciones en las que el director, Carmelo Rivero, trataba de que se reflejaran sus opiniones . La dirección y la propiedad de Diario de Avisos no han querido dar sus valoraciones al respecto.

Ladillo: La firma. Aval de la verdad

Héctor Fajardo, representante sindical de los profesionales de la comunicación en UGT, explica que la crisis económica que afectó duramente a los medios de comunicación hizo que las redacciones pasaran de estar muy pobladas a quedar casi desérticas: “Esto no se ha hecho por el mero interés de reducir gastos, sino que atiende al interés de controlar la información que se publica”, detalla el delegado gremial.

“Ahora las instituciones públicas y privadas pueden colar sus notas fácilmente en la prensa”, añade Fajardo. El sindicalista entiende que los pocos trabajadores que quedan en las redacciones tienen una pesada carga de trabajo y no pueden sacar cada día un periódico lleno de piezas propias, por lo que se acaban llenando páginas enteras de propaganda política y publicidad de grandes empresas.

El representante de UGT explica que “los periodistas tienen el derecho de no firmar con su nombre las noticias si no están conformes con la información que se emite o con la forma en la que se ha obtenido”. Afirma que comprende que al periodista se le asigne la labor de insertar en las páginas del periódico contenido elaborado por empresas o instituciones públicas, pero tiene la libertad de negarse a que su nombre aparezca en él; sobre todo si la pieza informativa no cumple los principios fundamentales de la profesión: que sea una publicación veraz, objetiva y contrastada.

Aunque, en teoría, el trabajador, no sólo puede negarse a firmarla, sino a realizar la información porque está avalado por la Cláusula de Conciencia. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, explica que no solo es un derecho reconocido en la Constitución, sino que se desarrolla en una la Ley Orgánica. “A parte de permitir al periodista no seguir la línea de su medio, también le protege si quisiera abandonarlo”, añade. Dibujito del juez con clausula de conciencia

Gerardo Pérez insiste en que el periodismo es una profesión con “vacíos legales importantes, sin mencionar la Cláusula de Conciencia y el Secreto Profesional”. Para cubrir algunos de esos vacíos, Vicente Pérez consideró la creación de un consejo de redacción en Diario de Avisos, una figura que propuso en asamblea con sus compañeros, y que “pudiera canalizar problemas como el mio cuando se agraven, pero no se llegó a nada”.

Ladillo: No se respetan las cláusulas

El veterano periodista explica que el suyo no es un caso aislado, sino que son muchos los profesionales de la comunicación que han sufrido presiones alguna vez, además de que en los medios regionales se incrementan: “Esto afecta a cada uno de manera distinta, yo no pude aguantar debido a mis problemas de conciencia, pero entiendo que haya gente que sí pueda”. Insiste, además, en no crucificar a los trabajadores, pues no todos se pueden permitir enfrentarse a la dirección.

Vicente Pérez confrontó la situación, pero, tras un período de continuas tensiones diarias con Lucas Fernández y Carmelo Rivero, llegó a un punto que no podía traspasar cuando le trasladaron la instrucción de no dejar de rubricar ninguna noticia más. “No hubo ningún tipo de amenaza expresa si no lo hacía”, puntualiza Pérez. Sin embargo, no dudó en dirigirse a la justicia para reclamar sus derechos e interponer una denuncia contra ambos por la vulneración de la Cláusula de Conciencia, aparte de otras cuestiones laborales. “Lo que marca un antes y un después en mi etapa con Diario de Avisos no son sus afinidades políticas ni su línea editorial, sino que me dijeran que no puedo dejar de firmar”, explica.

Héctor Fajardo entiende que esto es un síntoma de la lucha de clases: “hay un intento de control de la información por parte de las clases dominantes”. Esto hace que, según el delegado gremial, se trate de manipular a los periodistas y que sirvan como meros instrumentos de difusión de la propaganda.

Debido a la afinidad de Vicente con los sindicatos, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) le ofreció asesoramiento durante el proceso. Su secretario general, Txema Santana, afirma que este es el primer caso a nivel autonómico que ha sido denunciado de forma explícita. Se han conocido otros como el de Malole Rodríguez, periodista de Televisión Canaria, que denunció la manipulación en una información referente a una iniciativa del Gobierno de Canarias sobre videojuegos, los EA Sports, pero no pasó del juicio de la opinión pública.

Este caso tampoco pasaría de ahí gracias a un acercamiento tardío por parte de la dirección y la propiedad dos días antes del juicio. “Se pusieron en contacto conmigo 8 meses después de registrar la demanda y llegamos a un acuerdo; a nadie le gusta llegar a un punto tan crítico”, razona el periodista. El coste personal y familiar no es lo único que preocupaba a Vicente, también pensaba en la percepción de que el trabajador que reivindica sus derechos es un revolucionario, idea común entre los principales medios regionales.

Al final, Pérez dejó Diario de Avisos pensando en un posible fin de su etapa como periodista, pero la devoción por esta profesión aún no se le ha escapado del todo y continúa su labor en Tenerife Ahora, la sección dedicada a la isla capitalina del medio digital Canarias Ahora. Un deseo le detiene cuando los pensamientos de dejarlo todo se abalanzan sobre él: crear un medio de comunicación sin color político. Y concluye “Creo que cometieron un error muy grande conmigo, pero no guardo rencor”

Ladillo: Los que se quedan

Vicente Pérez no dejó que las presiones le sometieran, buscó una solución fuera y tomó el riesgo de no volver al periodismo. Pero aún quedan profesionales en los medios canarios que soportan presiones, cambios de titulares, control de contenidos por parte de empresas o instituciones, a través de reportajes de pago y publicidad institucional, y, todo ello, bajo una precariedad laboral que los mantiene anclados en la redacción y alejados de la calle y el ciudadano; los factores mencionados desembocan en un fenómeno presente en todos los medios, sean impresos o audiovisuales: la autocensura.

Txema Santana explica que esta tendencia se relaciona con “una crisis de conciencia de los periodistas” y asegura que la ha conocido y practicado debido al desgaste personal que padecen todos los trabajadores. El sindicalista atestigua que se trata de no querer indagar más allá de lo que sabes que tu medio te va a dejar publicar o, directamente, asumir que hay material que no será publicado; y, si se asumen estas opciones, es porque “ya ha habido censura; no puede existir una sin la otra”, sostiene.

En referencia a la autocensura, Carlos Sosa, director del diario digital Canarias Ahora, confirma que “nunca hemos tenido miedo de contar lo que creíamos oportuno”. Este medio comenzó su andadura en el año 2000, manteniendo una línea crítica con los poderes del archipiélago, con los que se vio envuelto en distintos conflictos, lo que hizo peligrar su futuro.

Ladillo: Cómo Internet lo cambió todo

José Luis González, profesor de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es optimista y subraya que “estamos en un momento de transformación de la industria periodística de España en el que se están encontrando el modelo necesario para lograr esa ansiada independencia”. Y es que el auge de Internet y las redes sociales ha abierto una alternativa para los expertos de la comunicación que aspiran a recuperar la credibilidad de la profesión. Según Carlos Sosa, el monopolio que poseían las grandes corporaciones mediáticas lo perdieron al democratizarse la información con el auge exponencial de la navegación web y las nuevas herramientas de comunicación que surgieron: “principalmente gracias a las redes, pero también a la capacidad de cada uno de poder tener un blog o de pequeñas empresas como nosotros, que pudimos crear un medio digital”.

Muchos de los periodistas que huyeron de la tinta y llegaron al teclado encontraron ciertos inconvenientes a la hora de financiar su proyecto. “Cuando creamos Canarias Ahora, contábamos con un equipo de accionistas con intereses distintos al de la comunicación, sobre los que trataron de influir muchos políticos”, indica Sosa. Concretamente, señala a los políticos, José Carlos Mauricio y José Manuel Soria, quienes asegura que amenazaron a Salcai, actualmente llamada Global SU, empresa encargada del transporte interurbano de Gran Canaria y accionista del periódico en ese momento, con no otorgarles una subvención de seis millones de euros anuales si no cerraban la web, un dinero que les pertenecía legalmente debido a un acuerdo vinculado con el Programa de Transporte. “Finalmente Salcai acabó vendiendo el periódico por un euro”, afirma el director del medio.

Desde entonces, el grupo de comunicación está dirigido por periodistas, lo que hizo que las presiones directas desaparecieran. “Los políticos y empresarios saben que eso no sirve de nada con nosotros. Si nos intentan sobornar, lo hacemos público y les dejamos en evidencia”, declara Sosa. No obstante, indica que en ciertas ocasiones las empresas que han colaborado con el medio dejan de financiarles sin motivo aparente. El director intuye que “los que están interesados en atacarnos convencen a nuestros publicitantes de que no trabajen con nosotros”.

Mientras tanto, fuera de las islas…

Resulta obvio que los medios de comunicación jugarían y siguen jugando un papel fundamental en el conflicto por la independencia de Cataluña sobre el Estado español. Por intereses económicos o ideológicos, muchos se han postulado a favor o en contra de la cruzada catalana. En un clima caldeado, con tensiones provocadas por el gobierno central, autonómico y los propios diarios, muchos periodistas sufrieron agresiones de tipo físicas y verbales por el mero hecho de informar.

Desde Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización no gubernamental que defiende la libertad de prensa en todo el mundo, no tienen tapujos a la hora de señalar a los culpables de dicha situación de hostilidad con los profesionales de la comunicación. En su comunicado La prensa, víctima colateral del conflicto catalán, alegan que “un gran número de periodistas de medios de comunicación no independentistas padeció violentas agresiones en las redes sociales, en ocasiones incitadas por las palabras de los responsables de prensa del gobierno catalán”.

Por otro lado, la ONG asegura que “algunos reporteros fueron atacados físicamente cuando cubrían los acontecimientos relacionados con el referéndum y otros fueron intimidados por las fuerzas del orden”. Esto indica que las presiones a periodistas venían de ambos bandos, tal y como explica dicha organización, a lo que añaden que, en ciertas ocasiones, los manifestantes impidieron a reporteros de diversos medios cubrir las protestas a favor y en contra de la independencia.

Para RSF, esta situación, ligada a la detención en territorio español, por parte de la Interpol, de los periodistas de origen turco Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, y el que aún no se haya derogado la Ley de Seguridad Ciudadana, han hecho que España descienda en su clasificación mundial de libertad de prensa hasta el puesto 31.

A este contexto hay que sumarle un nuevo componente que puede debilitar la credibilidad de los medios de comunicación. La irrupción de VOX en las elecciones andaluzas de este mes de diciembre es el resultado de una situación de descontento que siente la población y de una corriente ideológica surgida en Estados Unidos que trata de dar solución a problemas ‘glocales’ que están afectando a las naciones de occidente.

Ladillo: ¡Extra, extra! El mundo se ha vuelto loco

12; es la cifra de escaños que consiguió VOX España en las pasadas elecciones andaluzas del 2-D. Este resultado apuntala su irrupción, temida por varios sectores políticos y sociales, en las instituciones españolas, a la espera de los próximos comicios autonómicos y municipales. Marine Le Pen, líder francesa del ultraderechista Frente Nacional, felicitó en su cuenta de Twitter a la formación verde. Ambos partidos comparten un discurso semejante en cuanto a la inmigración y el uso de un nacionalismo excluyente para su propio beneficio electoral. En el caso de Vox, el foco de todos los ataques es el independentismo catalán, utilizado para crear un movimiento de exaltación de la patria española; una máquina de producir votos utilizada también por el Partido Popular y Ciudadanos, incluso, en las elecciones regionales de Andalucía.

Los argumentos del presidente de Vox, Santiago Abascal, beben directamente de otros populismos que se han afianzado ya en las instituciones de los vecinos europeos; desde la mencionada Le Pen, hasta Mateo Salvini de la Liga Norte italiana, pasando por Viktor Orbán de la Unión Cívica Húngara y Geert Wilders en Holanda, junto a sus homónimos en EE.UU.; Donald Trump, y Brasil; Jair Bolsonaro. Estos antipolíticos han hecho temblar los cimientos sobre los que se construyó la Unión Europea y el sistema democrático liberal; José Luis González, profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, no duda en calificarlos como ‘neofascistas’.

Cuando las mentiras son más poderosas que la verdad; las fake news

No existen fuentes que corroboren el origen de las fake news, lo que da a intuir que existen desde que el ser humano tiene uso de la palabra. Miembros del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, sus siglas en inglés) detallan en su informe the spread of true and false news online que el motivo de que este fenómeno se encuentre actualmente de moda está en la rápida difusión de contenidos a través de la red. En Internet se gana dinero en base al tráfico (difusión) que reciba la información, sin importar si es verídica o no. La democratización de la información que comentaba Carlos Sosa también tiene sus inconvenientes: no todos los usuarios de la red tienen un compromiso ético con la información como se presupone que lo deben tener todos los profesionales de la comunicación.

Por ello, el informe esclarece que gran parte de las noticias falsas son ideas que apelan a las emociones de los usuarios de la red, que provoquen mayor sorpresa y que buscan el click rápido. El documento, que analiza un total de 126000 comentarios difundidos en la red social Twitter entre los años 2006 y 2017, sentencia que los temas más propensos a crear bulo son los referidos a política interna y terrorismo. Situaciones inesperadas, como un atentado terrorista, son momentos de máxima difusión, donde la elaboración de contenido falso fluye con rapidez mientras los medios de comunicación no disponen de tiempo para contrastarlo, llegando a copar las portadas de sus cabeceras digitales.

Fue el caso del periódico La Razón y de Antena 3, quienes el 15 de noviembre de 2015 se hicieron eco de un montaje fotográfico. En él, señalaban al periodista de origen canadiense Veerender Jubbal como uno de los terroristas islámicos que había atentado el día anterior en la sala Bataclán de París. El propio profesional norteamericano tuvo que aclarar en las redes sociales que se trataba de una construcción irreal.

Muchas de esas noticias pueden tener un objetivo más allá que el económico, y es el ideológico. Marcos García Rey, periodista de El Confidencial, explica que dicho fenómeno no es algo nuevo y detalla que “los gobiernos y los partidos políticos siempre han utilizado las mentiras, lo que es nuevo es el alcance de las mismas”, que ha aumentado debido al desarrollo de Internet.

Siguiendo el ejemplo de los atentados terroristas, son incontables los comentarios e ideas que fluyen por la red con un contenido islamófobo y que calan en el subconsciente de la población, que los acepta y dirige su voto a quiénes transmiten ese mismo mensaje de odio. Según el informe elaborado por el MIT, las ‘fake news’ de carácter político llegaban a 20000 personas mientras las noticias veraces tardaban el triple de tiempo en alcanzar las 10000.

Actualmente, España puede verse afectada por este fenómeno, gracias a los partidos más conservadores que transmiten ideas falsas acerca de la inmigración, poniendo a los ciudadanos en contra de la llegada de refugiados e inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África, lo que atenta contra los derechos humanos y el orden de la democracia.

Para José Luis González, el problema de las fake news es una cuestión de educación, “es importante enseñar a la ciudadanía sobre el consumo de medios desde la infancia”. Desde su perspectiva, “el sistema neoliberal educa estúpidos para que voten a estúpidos”, en referencia a la mencionada corriente ultraconservadora en expansión, que lleva a cabo una estrategia de desgaste de los medios; su “sentido de la democracia es nulo”, apostilla el profesor de periodismo.

Esta representación gráfica muestra un supuesto basado en los resultados obtenidos a través del informe elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Dos tweets ficticios referentes a temas de política tienen un alcance bastante diferente si se trata de una fake news o de una noticia real, puesto que la primera tiene un 70% más de probabilidades de ser difundida que la segunda, según apuntan los expertos del MIT.

El caso germano, donde Alternativa para Alemania (AFD) se hizo con el voto del 12,9% del electorado bávaro en las elecciones parlamentarias del 21 de octubre, llama la atención debido a su pasado con el nazismo. Por primera vez en 70 años un partido que apelaba al nacionalismo exacerbado y a la xenofobia conseguía presencia institucional en el país. Miguel Ángel García, antiguo corresponsal de TVE en Alemania, cuenta cómo sigue habiendo un “peso fuerte de la historia y de la memoria en su sociedad y se persiguen delitos de apología al nazismo”, y señala la irresponsabilidad de algunos medios en el crecimiento del populismo de ultraderecha.

El periodista de TVE explica que AFD apareció hace siete años y aprovechó la crisis financiera de 2008 para hacerse presente en los medios de comunicación nacionales, mediante un discurso antieuropeísta. Al principio, “muchos periódicos serios como el Handelsblatt, el periódico del lobby empresarial, fueron fundamentales en su legitimación como partido a tener en cuenta”, explica el corresponsal. Incluso periódicos con tendencias progresistas siguieron la corriente del euroescepticismo por un tiempo. La prensa no se planteó si era correcto darles visibilidad o no, hasta que, debido a la cada vez más creciente radicalidad del partido, comenzó a plantearse a esos mismos medios como otro objetivo de los discursos del odio.

Ladillo: ¡Cuidado! Periodistas en peligro

Marcos García Rey, periodista de investigación del periódico digital El Confidencial, explica que, cuando se tratan asuntos que afectan al funcionamiento del sistema, es normal que se sufran presiones por parte de instituciones, gobiernos o multinacionales. En concreto, García habla de una investigación que elaboró el pasado mayo llamada Venezuela Leaks; “una de las más duras que he tenido en mi vida”, añade. Aunque tenía el respaldo del director y del medio, afirma que recibió enormes presiones por parte de los afectados por la información, debido a que la desarrolló solo. “Te sientes vulnerable porque esta gente investiga tu vida, te chantajean, te amenazan…”, describe.

El panorama para este periodista se torna de otro color cuando trabaja para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una red internacional de profesionales de la comunicación creada en 1997, en el que trabajan 200 medios, incluido en El Confidencial y La Sexta por parte de España, y conocida por desvelar el famoso caso de Los Papeles de Panamá. García forma parte del Consorcio desde 2010 y realiza diferentes labores dentro de él, aunque, como declara, no se encuentra dentro del “núcleo duro” en estos momentos.

Cualquier capacidad de coaccionar del gobierno o empresa afectada resulta mínima frente a una organización de semejante envergadura. Marcos lo detalla con un ejemplo: “Si sacas una información a nivel nacional que afecte al Ibex 35, dicha empresa compra tu periódico y la noticia no sale, pero eso no vale con el Consorcio, porque se publica en otro país y el resto de medios se hacen eco de ello de todas formas”.

José Luis González comenta que ante el control institucional, está surgiendo un periodismo más crítico con el poder a través de los medios alternativos y de proyectos como el ICIJ, que le permiten estar mejor organizado. Asimismo, Marcos agrega que también “hemos generado una metodología de trabajo más rigurosa, lo que tiene un lado bueno, pero puede implicar más riesgo para el sector”.

Sumario: Para Marcos García, los últimos asesinatos a periodistas son síntomas de que el poder entiende que la profesión se está volviendo menos controlable

Para García, los últimos asesinatos de periodistas, como el de Daphne Caruana, con un coche bomba en 2017 en Malta, o el de Jamal Khassogi en Turquía, cuya investigación pone en el punto de mira a la casa real saudí, son síntomas de que el poder entiende que la profesión se está volviendo menos controlable; “los poderes europeos se están viendo desbordados por un nuevo periodismo de investigación que traspasa unos límites que antes estaban implícitos, y se acentúa aún más cuando las investigaciones son globales”, apunta Marcos García. Por tanto, en su opinión, cuanto más se alejen estos de la agenda mediática que tratan de imponer los poderes fácticos, surgirán más casos de agresiones o asesinatos de profesionales

Aun así, García cree que Europa aún se encuentra en una “buena situación cuando lo comparamos con la de México, por ejemplo”. Un ‘narcoestado’ en el que muchos poderes e instituciones, como cuenta José Luis, han perdido el control o, directamente, están condicionados por el tráfico de drogas. Reporteros Sin Fronteras clasifica a México, junto a Siria, como los países más peligrosos para ejercer el periodismo; la nación centroamericana se encuentra en el puesto 147 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa debido a la constante intimidación y violencia que sufre el sector a la hora de realizar investigaciones sobre los cárteles o la corrupción de los organismos del Estado. En 2018 han asesinado a siete profesionales de la comunicación y dos periodistas ciudadanos en México sin que las instituciones busquen culpables.

En referencia al ejercicio del periodismo bajo la protección de las autoridades, Susanna Flood, directora del Programa de Medios de Amnistía Internacional, manifestó, en un informe de la organización, La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, lo siguiente: “El periodismo no es un delito. Los profesionales de la comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que puedan informar sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o asesinados mientras realizan su legítima labor. Ya es hora de que los Estados se tomen sus deberes en serio”.

Cultura

De los escenarios a los juzgados

A David Mengíbar, rapero nacido en Tenerife y que ahora se encuentra en Londres, le resulta paradójico que el antiguo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendiera la libertad de expresión a capa y espada en enero de 2015, cuando una célula terrorista atacó las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París: “Unidad y cooperación contra el terrorismo reafirmando los valores de libertad, democracia y DD.HH.”, sostenía el ex dirigente popular a través de su perfil de twitter en una de sus primeras reacciones a la causa. El artista canario explica que “es el mismo político que en julio de dicho año llevó a cabo una serie de medidas de restricción que en ciertos puntos invadió espacios reservados para el derecho de los ciudadanos”, es decir, el derecho a gozar de libertad de expresión, de pensamiento y libertad artística. Nemesio Rodríguez explica que “estas medidas surgen en un contexto de crisis del gobierno del Partido Popular, a causa de los escándalos de corrupción que le afectaban en un momento de dura recesión económica, con un paro elevadísimo, que movilizó numerosas protestas”. El presidente de la FAPE entiende que el hecho de tener al pueblo protestando en las calles hizo que el PP buscase una herramienta legal que le permitiera defenderse de las críticas. Y lo hizo a base de multas. Amnistía Internacional, en su informe sobre la libertad de expresión en España, cifra sobre 40.000 sanciones desde la última modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana únicamente por “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”. Y es que, como denuncia la organización en el mismo informe, el criterio es un tanto dudoso, pues se deja que la interpretación del agente policial sea la voz cantante. Siguiendo el documento, se calcula que solo en 2016 el importe de las multas superó los tres millones de euros.

Para Gerardo Pérez se trata de una legislación que incumple en ciertos artículos el entramado constitucional, pues entiende que en ella existen restricciones que no deberían estar amparadas por la ley. Un ejemplo de ello y del que se muestra en desacuerdo el profesor de derecho es en la grabación o fotografía de agentes policiales en espacios públicos. Y es que este tema surge a raíz de la captación de momentos en los que los cuerpos de seguridad han arremetido usando la violencia contra manifestantes en varias concentraciones. Pérez entiende que existen dos puntos de vista ante esta situación. Y es que “si la labor policial está justificada ante una manifestación ilegal o violenta, la función de ejercer violencia es legítima con el fin de preservar el orden público”, explica el docente. Por el contrario, detalla que en caso de que la actuación policial no sea legítima, también debe ser legítimo que se grabe y se difunda dicho acto, pues debe denunciarse si se está realizando una mala praxis de la fuerza por parte de los miembros de seguridad. El mismo día que entró en vigor la transformación de la Ley Mordaza, lo hizo también el nuevo Código Penal. Todo ello impulsado, por cierto, bajo las órdenes de un Partido Popular que contaba con la mayoría absoluta en el Congreso. Esta medida ha afectado y arremetido contra personas que cuestionaron públicamente su desacuerdo con las estructuras del poder. Y es que el artículo 578 de este nuevo códice de enjuiciamiento criminal estipula el castigo con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses el enaltecimiento o la justificación pública de actos de tipo terrorista, al igual que las ofensas contra los sentimientos religiosos.

Infografía

¿Y qué se entiende por enaltecer el terrorismo?. Según la legislación vigente “la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e intimidad sexual, el patrimonio, los recursos naturales, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevarán a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades”:

1.ª “Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

2.ª “Alterar gravemente la paz pública”.

3.ª “Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional”.

4.ª “Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.

Desde la última modificación del Código Penal han sido muchos los artistas musicales y gráficos, profesionales del derecho y de la información e incluso tuiteros los que han tenido que pasar por los banquillos de los juzgados para explicar el contenido de sus obras. En esta gráfica se observa cómo se ha producido un aumento del 19,8% de las infracciones cometidas contra la seguridad ciudadana entre 2014 y 2017, que incluye artículos como el 37.4, referido a faltas de respeto a la autoridad. Coincide con la aprobación de la Ley Mordaza en el año 2015.

En otro informe emitido por Amnistía Internacional, titulado ¡tuitea si te atreves! La libertad de expresión en España está bajo amenaza, se denuncia el acoso incesante que está recibiendo el pueblo por el mero hecho de criticar. La organización declara que los casos expuestos muestran que "las autoridades vienen utilizando este artículo para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país". David Mengíbar explica que se busca censurar a los artistas más críticos con el sistema porque sus comentarios pueden influir en la valoración que tengan sus seguidores sobre el Gobierno, “y la realidad es que el haber discrepantes con la estructura de poder actual es bastante útil para el desarrollo de un debate y pensamiento crítico”, sentencia el artista.

Sátira

No apto para indignaters

Las próximas dos páginas que siguen no son aptas para españolitos. Podríamos meternos con todo Dios, ya sea musulmán, cristiano o hindú, pero hemos detectado a raíz de la nueva reforma del código penal y el resto de legislaciones restrictivas que la justicia persigue a unos sectores concretos más que a otros. Y es que parece que se protegen más los símbolos que las personas. Cada día vemos a gente ofendida porque se suenan los mocos con la bandera o porque se grite en público “me cago en la Vírgen” (aunque en privado lo diga hasta el obispo más fiel) pero no tanto a quien genera odio al inmigrante proveniente del lejano oriente o a la feminista que critica el sistema patriarcal. Sabemos que este apartado no entra dentro de los cánones marcados por el periodismo, pero hemos querido saltarnos las reglas porque vamos de progres y nos mola dar caña.

Qué bonita era aquella época en la que, tras leer el titular de una noticia sobre corrupción o sobre la última derrota del Madrid, te hervía la sangre y hacías sentir tu desacuerdo a base de insultos, acompañados de los incansables golpes en la mesa que nunca pueden faltar en los debates hispanos. El bar de la esquina era el parlamento del pueblo de llano, donde cualquiera era capaz de mejorar el país con un chasquido de sus dedos y mejor que esos politicuchos que no se enteran de nada. Ahora, imagina que tuvieras a ese ser indignado, y que, a su vez, es indignante para otros especímenes, 24 horas pegado a tu oreja, contándote lo mal que están las cosas porque la gente es una estúpida que no opina como él. Pues eso son las redes sociales, el nuevo paraíso de las discusiones sin sentido, que ha visto nacer al ejército de los indignaters, buscadores de toda publicación online donde verter su irrefutable punto de vista y castigar al ignorante de turno con su poderosa argumentación. Bienvenidos a la era de los ofendidos.

Una de las causas del comienzo de esta época, gobernada por el Gran Espejo Negro, es la expansión de Internet, que ha contribuido a ampliar la difusión de cualquier mensaje, sea falso, verdadero o el peor chiste del mundo. Esta etapa de ‘cuidado con lo que dices” también afecta a la sátira, una forma de ficción que selecciona elementos de la actualidad para denunciar la mierda que hay bajo las alfombras de la casa. Guillermo Martínez, director de la revista El Jueves, explica que el movimiento indignater surge de los malentendidos creados por la falta de contexto, característica propia de dicha especie; “para entender el humor se necesita un contexto y cierta comprensión lectora, algo de lo que carecen muchos. Pero, asimismo, las redes hacen que, cuando leemos, no nos paremos a pensar ni quién hace la noticia”, añade. Se ha llegado a un punto en el que se comparte cualquier cosa que pueda impactar entre los amigos. Lo importante no es mantenerse informado, ni mucho menos, sino que tu opinión sobre la noticia sea la protagonista, lo que vale también para los comentarios. Da igual lo que digas, es más importante que los demás vean lo que te indigna y cómo te ofende; “se da el hecho de que la gente menos reflexiva es la que más escribe desde su cabreo. Es más, estos personajes ni siquiera son tus lectores habituales”, expresa Martínez.

Con este contexto, sería normal que viñetistas y otros profesionales de la sátira no quisieran ni oír hablar de Internet, que para recibir críticas porque sí, ya están los políticos. Pero deben adaptarse a esta jungla y a sus normas para sobrevivir. Una de ellas es establecer sus límites propios respecto a los temas que quieran tocar. Padylla, viñetista de La Opinión de Tenerife y La Provincia, ambos medios pertenecientes a la editorial Prensa Ibérica, explica que hay temas muy polémicos que pueden alzar ambos bandos del ejército: los que están a favor de lo que sea y los que están en contra porque alguien tiene que estarlo; “si hablas de Venezuela, por ejemplo, enseguida tendrás una guerra abierta entre gente que insulta a Maduro y sus defensores”, sostiene el dibujante.

Otra tendencia que produce sus propios indignaters es lo políticamente correcto; sobre esta, la ofendida hueste está convencida de que esa será la nueva forma que tome el fascismo para volver al poder, porque lo de Vox ya está descartado, ¿no?. Mobutu Vladimir Gunnarson, redactor de El Baifo Ilustrado, un medio digital satírico de Canarias, afirma que la “Ley Mordaza” es la expresión política y legal de dicho fenómeno. Manel Fontdevilla, viñetista de Eldiario.es, en cambio, piensa que solo se trata de “una convención social que tu decides seguir o no” y tacha la Ley de “pura represión”.

Para Fontdevilla, el mayor peligro de la Ley de Inseguridad Ciudadana es la arbitrariedad de algunos de sus puntos, como el artículo 37.4, las faltas de respeto a la autoridad; no es cosa menor, osea es cosa mayor. Por ejemplo, si interpretas con tu mejor voz la canción de Ice Cube, Fuck the police, delante de unos agentes, podrías ganarte una multa de entre 100 y 600 euros, dependiendo del humor con el que los pilles, por supuesto. La legislación vigente no deja claro qué se entiende exactamente por faltar al respeto y deja que sea el propio policía quién lo juzgue bajo su criterio personal. Que si has desentonado un poquito, pues ¡toma receta! Para Manel, la forma de combatir la censura del Estado es “seguir haciendo chistes” y aclara: “si creas un espacio donde la gente entiende que se pueden decir barbaridades, después no puedes cerrarlos”.

Padylla afirma que la intención de poner freno, no solo a los trabajadores de la sátira, sino a todo tipo de críticas hacia el sistema (¡claro! El pobre no se puede defender solo de los abusones medios de desinformación) solo ha conseguido que se produzca un efecto rebote desde Internet; “las redes sociales se han llenado de humor anónimo gracias a los memes y eso es imposible de perseguir”, sostiene el dibujante. Vaya, si al final no van a ser tan malas, el problema va ser la gente que las utiliza, ¡qué curioso!. En lo referente a la parte buena de Internet, Guillermo Martínez cuenta cómo existe también una presión positiva, así, “cada vez que nos han llevado a juicio por lo que sea, recibimos más apoyo”. Y no han sido pocas las veces que El Jueves ha tenido que resolver unos asuntillos con la justicia.

Ladillo: Mira que meterte con el JuanCa

Las injurias a la Corona es un delito tipificado en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal español, que prevé penas de prisión de cuatro meses a dos años. Sí, te pueden meter dos años en la trena por insultar al rey o a su familia, parece no había otros personajes públicos menos ‘insultables’ que proteger por ley, pero, oye, que la justicia es igual para todos, a no ser que te gobierne una institución propia de la Edad Media. Poco faltó para que la redacción de El Jueves acabará en la hoguera en 2007 cuando, aprovechando una polémica medida del expresidente Zapatero, publicó en portada una viñeta del, entonces, príncipe Felipe y la princesa Letizia teniendo relaciones sexuales.

Guillermo recuerda que ese día se produjo otro efecto de presión positiva: cuando el juez ordenó a la policía a retirar los ejemplares de la revista de todos los kioscos donde se vendan. “Eso se convirtió en noticia esa misma tarde e hizo que la gente fueran corriendo a comprar la revista”, expone el director. Aunque lo que más le sorprendió fue la rapidez con la que se llevó a cabo el juicio, en el que fueron condenados los autores de la viñeta, entre ellos, el propio Guillermo y Manel Fontdevilla, quién trabajó en El Jueves y declara que se llevaron una multa y algunas presiones de la Casa Real, pero no de forma oficial; nadie puede ver a un rey preocupándose por lo que ladran los plebeyos. En realidad, “las presiones más complicadas son las que vienen de tu propia empresa”, detalla el viñetista.

Eso nos lleva a 2014, cuando Fontdevilla decidió que tocaba reírse de la abdicación del ‘JuanCar’ y la entrada del siguiente sangre azul, provocando la indignación, de nuevo, de la Casa Real. La viñeta de Manel, que fue nuevamente en portada, fue censurada y este, junto a otros compañeros, decidió dejar la empresa. “Fue una decisión de la cúpula del grupo editorial, aún hoy es algo que escapa a nuestra comprensión”, defiende el director. El propio Guillermo actualmente está a la espera de si irá a juicio o no, por un texto sobre la actuación de la policía durante la crisis política catalana, con el siguiente título: La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína de Cataluña. Pues se ve que a los Cuerpos de Seguridad no les gusta que vayan diciendo por ahí que consumen drogas; los yonquis nunca aceptan que lo son.

Ladillo: Denunciado por sinusitis

Esta situación de conflicto entre los que se van y los que se quedan en el conflicto catalán ha llevado a otra polémica absurda que ha traspasado las barras de bar. Esta gente que discutía a favor o en contra de cualquier tema, ahora lo hacen con una banderita en mano: la estelada o la rojigualda. Y es que ahora estos símbolos parecen ser más sagrados que el Papa, pues nadie puede bromear ni sonarse la nariz con ellas. Qué barbaridad.

Dani Mateo sufrió las represalias. El comediante de El Intermedio, un programa de La Sexta, realizó un gag en el que utilizaba la bandera española para vaciar sus fosas nasales. Nadie le ha enseñado a este chico que existen los pañuelos y que es de mala educación sacarse los mocos delante de media España, (bueno, tampoco tienen tanta audiencia, es una forma de hablar). Lo que ni Mateo ni muchos espectadores sabíamos es que un trozo de tela tiene más defensa que el Milan de Arrigo Sacchi.

El juzgado número 47 de Madrid admitió a trámite la denuncia interpuesta contra el actor por parte de la organización Alternativa Sindical de Policía, por posibles delitos de odio y ultraje a símbolos nacionales. En su Sketch el humorista quiso dar a entender, tal y como explicó vía twitter al ver la convulsión que se había generado, que cuando existe un clima de crispación política como el actual, se vuelven más importantes las banderas que las personas. Y vaya que sí tenía razón el chico. Y es que se le da más importancia que la tela esté impecable a que un comediante tenga libertad de actuar en un show satírico como le salga de las narices.

Según los redactores de El Baifo Ilustrado, los profesionales de la sátira deben prever la polémica que pueda llevar sus actos y no arrugarse ante las críticas. “Dani Mateo intentó provocar y, en cuanto vio las primeras reacciones, se achantó”, entiende Mobutu Vladimir. El humorista canario explica que tras el escándalo que se generó, “el líder de una coalición política irrelevante llamó al boicot de aquellas empresas que retiraron su apoyo al programa donde Mateo actúa, lo que lleva al absurdo de recomendar un curso de acción que es precisamente el que se quiere criticar”. Para él y su compañera Maruca Johnson, el sketch de Dani Mateo es lícito, al igual que la respuesta de las empresas que no lo apoyaron, mientras que “llamar al boicot de uno o de otras es igualmente censor y absurdo”. Ladillo: Vírgen de la moreneta

Hemos visto que la bandera tiene su propio ejército de fieles. Pero, hablando de fieles, existe un ente que a lo largo de la historia ha censurado a capa y espada todo tipo de juicios que se puedan ejercer contra su honor y que puedan cuestionar su poder: la religión. Son numerosos los casos de humoristas que han tenido sus más y sus menos con esta institución todopoderosa, que siempre a través de las grandes instituciones y de su séquito de creyentes, han tratado de ponerles mordaza a quienes osaban criticar de cualquier manera a su institución. “Yo me cago en Dios. Y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virgindad de la Vírgen María”. Son las palabras que le costaron un mal trago al actor Willy Toledo, que sufrió la ira de la todopoderosa Iglesia Católica. A través de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC), uno de los lobbies ultraconservadores más importantes, tramitaron la denuncia hacia el también activista español por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. Si es que ya no nos dejan ni defecar tranquilos y sin pasar por los juzgados. Si mi religión fuera el Real Betis, mi templo el Benito Villamarín y mi Dios, el jugador Joaquín Sánchez, ¿Podría denunciar a un sevillista por mofarse de mi devoción por un club que no gana ni un título desde antes que Manuel Ruíz de Lopera entendiera que lo emocionante del fútbol eran los billetes que se manejaban?

El actor fue llamado a declarar en septiembre de este año en el juzgado número 11 de Madrid. A la espera del veredicto, los antecedentes dan a entender que lo normal es que no se le declare culpable, pues se puede entender que el comentario del acusado se realizó desde un contexto cómico o burlesco, amparado por la libertad de expresión. Los jueces archivan la mayoría de este tipo de denuncias, y es que los tribunales suelen concluir que para imputar estos delitos es necesario probar la voluntad de ofender. Pero las palabras de Willy Toledo al salir del tribunal son las que forjaron el verdadero debate: “Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es llamar la atención. Es vergonzoso que haya todavía cinco artículos en el código penal relativos a los sentimientos religiosos”. Y es que España fue engañada el día que pasó a ser un estado aconfesional y suprimió el delito de blasfemia que existía durante el franquismo. Pues no fue más que una adaptación a la democracia con estos cinco artículos. La función de la sátira se basa en todos estos casos; la crítica a lo santificado por costumbre. Puede ser de mal gusto, nos puede indignar y puede ir contra nuestra concepción de lo políticamente correcto. Pero nunca censurarlos.